Editorial do jornal El Pais (Madrid) de 25/7/2010
La Conferencia Episcopal ha redoblado en los últimos días su campaña contra la nueva ley del aborto, que sustituye el sistema de supuestos por el de plazos. Pero ninguno de sus miembros ha llegado tan lejos como el arzobispo de Burgos, Gil Hellín. Recurriendo a comparaciones truculentas y a evocaciones bíblicas, mezcladas con citas teológicas y máximas del pensamiento político, Gil Hellín ha llegado a la conclusión de que la nueva norma no es ley y, por tanto, no obliga a los ciudadanos. Solo en el último punto tiene razón: la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, recientemente aprobada por el Parlamento, no contiene prescripción alguna que exija abortar a las mujeres. Despenaliza que lo hagan dentro del plazo establecido por la propia norma. Y que lo hagan aquellas que por la razón que sea -nunca es una razón frívola- lo estimen necesario.
Con su recurso al patetismo, monseñor Gil Hellín ha dejado al descubierto la posición desde la que la jerarquía eclesiástica española está llevando a cabo esta nueva campaña contra el aborto. No trata de discutir la nueva regulación, sino de reabrir con la excusa de la nueva ley una discusión sobre el aborto que, en España y fuera de ella, lleva muchos años cerrada. Interpretando la posibilidad de abortar como una obligación de hacerlo, la jerarquía eclesiástica demuestra que se considera autorizada a intervenir sobre una decisión que pertenece a una esfera de la intimidad sobre la que la Iglesia no tiene potestad. Salvo que considere, como parece que lo hace, que el catolicismo y la forma en que la jerarquía lo interpreta es en España obligatorio. Al contrario de lo que sostiene monseñor Gil Hellín, esa aberración pertenece al pasado.
Por esa razón, la jerarquía católica española, que goza de la libertad religiosa que reconoce la Constitución, e incluso de algunas que ninguna norma le concede, no puede erigirse en la instancia que decide lo que es ley y lo que no lo es.
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